El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, fundado en 1995 por el abogado Miguel Bernad, se define como un sindicato de empleados públicos, aunque su verdadera notoriedad en España proviene de su vinculación con la ultraderecha y de la intensa cobertura mediática de sus agresivas denuncias. A lo largo de su historia, ha arremetido contra jueces, como cuando en 2009 logró que se admitiera a trámite una querella contra Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, o contra la ley del matrimonio igualitario y a los Lunnis por mostrar una familia homoparental. Su estrategia de litigio ha sido muy criticada, hasta el punto de que en 2024 el Tribunal Supremo calificó su conducta como "éticamente censurable", aunque desestimó que fuera delictiva en ese caso concreto. Entre sus triunfos más destacados se encuentra la inhabilitación en 2008 de los políticos vascos Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao por desobediencia, si bien también ha fracasado en decenas de querellas, como las interpuestas contra los jueces del 11-M. A pesar de que su fundador asegura que la mayoría de sus casos prosperan, la organización lleva años señalada por un posible abuso procesal y por sus controvertidas relaciones con comisionistas de corrupción urbanística, lo que la convierte en un actor polémico dentro del panorama judicial y político español.