El Caso de la financiación de PSPV y Bloc es una investigación judicial centrada en las finanzas de los partidos PSPV-PSOE y Bloc (mayoritario en Compromís) entre 2007 y 2011, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. El caso se originó en 2016 cuando el Partido Popular entregó documentación sobre presuntas irregularidades en campañas electorales, y tras las diligencias del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, en enero de 2018 la causa se repartió a juzgados de Gandía, Benidorm y Madrid por razones de competencia territorial. La investigación abarca desde actos electorales, constructoras y adjudicaciones de ministerios, hasta agencias de comunicación, marketing y eventos recreativos. El caso se hizo público en marzo de 2018, generando un intenso debate político. Mientras el PSPV y Compromís negaron cualquier irregularidad y se desvincularon de los hechos, el PP de la Comunidad Valenciana anunció su intención de personarse como acusación particular para esclarecer lo sucedido.