La Sala Segunda del Tribunal Supremo de España es la cúspide de la jurisdicción penal, encargada de resolver definitivamente los recursos de casación y revisión en materia criminal. Su singularidad radica en ser la única sala mencionada expresamente por la Constitución de 1978, ya que posee la competencia exclusiva para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno, una función que la Constitución republicana de 1931 atribuía al Tribunal de Garantías Constitucionales. Su origen histórico se remonta a la Constitución de Cádiz de 1812, aunque la interrupción provocada por el retorno de Fernando VII impidió su aplicación, hasta que finalmente el Real Decreto de 24 de marzo de 1834, bajo el reinado de Isabel II, instauró definitivamente el Tribunal Supremo tras suprimir los antiguos Consejos. En 1835, un reglamento le otorgó el conocimiento de causas criminales, dando así nacimiento a su jurisdicción penal. Finalmente, la Ley Provisional de Organización de Tribunales de 1870 estructuró sus salas específicas para lo criminal, consolidando la configuración moderna de esta importante institución judicial.