La extorsión es un delito penal que consiste en obligar a alguien, mediante violencia, coacción o intimidación, a realizar u omitir un acto con ánimo de lucro, destacando que en muchas jurisdicciones basta con la mera amenaza para consumarse, sin necesidad de obtener el beneficio. Sus formas más comunes incluyen el robo y el llamado "chantaje de protección", típico del crimen organizado, donde se exige un pago a cambio de no causar daño; las amenazas pueden implicar revelar información comprometedora o denunciar conductas a la policía. El término también se usa metafóricamente para referirse a la usura o aumentos injustificados de precios, y en el ámbito legal abarca la corrupción política, como la venta de cargos o el tráfico de influencias. En cuanto al modus operandi, la extorsión telefónica suele emplear números privados, simular tener una víctima cautiva y exigir un pago inicial, presionando con amenazas contra la familia o la propiedad. Jurídicamente, la figura se sitúa entre los delitos de apoderamiento, la estafa y las amenazas condicionales, ya que combina ánimo de lucro, actuación forzada de la víctima y coacción, lo que la convierte en una práctica grave y compleja dentro del derecho penal.