El conflicto entre Uber y los taxistas se ha extendido por numerosos países hispanohablantes, como Colombia, México, Argentina y España, llegando incluso a registrarse casos de amenazas y violencia física entre conductores, pasajeros y taxistas. El servicio, que opera mediante una aplicación móvil con GPS y conductores particulares, ofrece precios y calidad atractivos (especialmente UberX), lo que ha llevado a los taxistas a denunciar una competencia desleal al no estar sujeto a la misma regulación formal que el taxi tradicional. Esta preferencia de los usuarios ha mermado el negocio de las compañías de taxi, que operaban de forma casi oligopólica y con poca innovación, viéndose superadas por la disrupción tecnológica que introduce Uber en el sector. En mayo de 2017, el abogado general de la Unión Europea, Maciej Szpunar, dictaminó que Uber es una plataforma dentro del servicio de transporte, por lo que se le puede exigir cumplir con los requisitos del gremio de taxistas, aunque sin clasificarla estrictamente como una empresa de transporte. En España, este enfrentamiento comenzó en abril de 2014 en Barcelona y se extendió a la Comunidad de Madrid el 23 de septiembre de 2014, cuando la compañía estadounidense con sede en San Francisco inició operaciones en la capital, intensificando la tensión con el sector del taxi local.