En el derecho español, el Real decreto es una norma jurídica dictada por el rey, pero acordada por el presidente del Gobierno o el Consejo de Ministros, ejerciendo su potestad reglamentaria. Su jerarquía lo sitúa por debajo de la ley (creada por el poder legislativo), pero por encima de otras normas reglamentarias como las órdenes ministeriales. A diferencia del real decreto ley, este instrumento no requiere la aprobación del Congreso de los Diputados, y se utiliza principalmente para desarrollar leyes ya aprobadas por las Cortes Generales. Existen casos especiales, como el nombramiento del presidente del Gobierno o la disolución de las Cortes, que se proponen desde el presidente del Congreso. Es crucial distinguir su forma de su contenido: aunque los actos administrativos del Consejo de Ministros también adoptan la forma de real decreto, estos no poseen fuerza normativa, siendo solo actos de gestión. En resumen, es una herramienta clave del poder ejecutivo para regular materias concretas dentro del marco legal establecido.