La corrupción política es un fenómeno criminal que implica el abuso intencional del poder público por parte de funcionarios, a menudo en connivencia con empresas o grupos de poder, para obtener beneficios ilegítimos y secretos. Sus formas más comunes incluyen el soborno, el nepotismo, el tráfico de influencias y la malversación, y con frecuencia facilita otros delitos graves como el narcotráfico y el lavado de dinero. Autores como Hernández Gómez (2018) y Sayéd y Bruce (1999) la definen como la violación de deberes institucionales o el mal uso del poder para beneficio personal, aunque el concepto varía según la jurisdicción, ya que lo que es ilegal en un país puede ser legal en otro. Desde una perspectiva histórica, Max Weber contrasta el ejercicio patrimonialista del poder en el Antiguo Régimen con la rendición de cuentas democrática, mientras que Theobald observa que los lazos familiares y de amistad persisten en la burocracia actual. El principal antídoto contra este fenómeno es la transparencia, ya que la falta de claridad en las cuentas públicas y la manipulación de los medios dificultan su erradicación y juicio. Aunque los países desarrollados también presentan corrupción, esta tiende a frenarse con mejoras en la calidad y cantidad de los medios de producción y una mayor supervisión institucional.