El Ministerio de Vivienda español tiene una historia convulsa: se restableció en 2004 tras su supresión en 1977, se eliminó de nuevo en 2010 y regresó en 2023 como "Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana". Durante su etapa 2008-2010, impulsó la Sociedad Pública de Alquiler para sacar pisos vacíos al mercado, pero fracasó rotundamente al lograr menos de 5.000 arrendamientos y acumular una deuda de 37 millones de euros, siendo suprimida en 2012. También promovió la Ley del Suelo, enfocada en combatir la corrupción urbanística más que en facilitar el acceso a la vivienda, lo que según sus críticos ralentizó la construcción y encareció los precios. En julio de 2008, anunció la compra de suelo privado por 300 millones de euros a través de Sepes para crear vivienda protegida, y en 2010, el ministro José Blanco impulsó la rehabilitación y la simplificación administrativa. La burocracia es un gran obstáculo, con 91 normas aprobadas desde 2001, mientras que las comunidades autónomas gestionan sus propias políticas, como la ley catalana de 2006 que proponía multar o expropiar a especuladores, o los sorteos de VPO en Madrid que, paradójicamente, excluyen a los más necesitados.