El Tribunal de Cuentas de España es el máximo órgano fiscalizador del Estado, encargado de auditar la actividad económica del sector público y de la contabilidad de los partidos políticos, regulado por la Ley Orgánica 2/1982 y la Ley 7/1988. Sus doce consejeros son elegidos por las Cortes Generales (seis por el Congreso y seis por el Senado) mediante una votación de tres quintos, por un periodo renovable de nueve años, requiriéndose más de quince años de experiencia profesional en áreas como la judicatura, la fiscalía o la economía. Estos consejeros gozan de independencia e inamovilidad similares a las de los jueces, disponiendo de un presupuesto propio y autonomía total en la gestión de su personal y funciones internas. Aunque formalmente depende de las Cortes Generales, ejerce sus funciones técnicas con plena autonomía, y sus informes de fiscalización, incluida la cuenta general del Estado, son aprobados por su pleno y no pueden ser modificados por ninguna instancia externa. Su ámbito de control abarca todas las administraciones (estatal, autonómica y local), garantizando la transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos.