Incapacidad permanente es una situación laboral en España que se reconoce cuando un trabajador, tras recibir tratamiento médico y ser dado de alta, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, objetivables y previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad para trabajar. Esta calificación, otorgada por la Seguridad Social, suele implicar revisiones periódicas para evaluar la evolución, aunque en los casos más graves se puede eximir de futuras revisiones si se certifica médicamente que no habrá mejoría.

La ley distingue cuatro grados de incapacidad, cada uno con diferentes implicaciones y prestaciones económicas: la parcial (disminución del rendimiento de al menos un 33% en la profesión habitual), la total (impide la profesión habitual pero permite otra distinta), la absoluta (inhabilita para todo tipo de trabajo) y la gran invalidez (requiere la asistencia de terceras personas para los actos básicos de la vida).

Generalmente, esta situación deriva de un proceso previo de incapacidad temporal, aunque también puede reconocerse directamente en casos de no alta o situaciones asimiladas. Además, es relevante que las discapacidades preexistentes a la afiliación no impiden la calificación si, con posterioridad, se agravan y reducen la capacidad laboral original del trabajador. En definitiva, este mecanismo protege al trabajador garantizándole una prestación económica acorde al grado de afectación, sin que todos los grados le impidan necesariamente ejercer una profesión.