El salario mínimo es la cantidad legal mínima que un empleador debe pagar a sus trabajadores por su labor, y no puede reducirse ni por convenios colectivos ni acuerdos individuales. Esta regulación, establecida por primera vez en Australia y Nueva Zelanda durante el siglo XIX, existe actualmente en más del 90% de los países miembros de la OIT, con el objetivo principal de reducir la desigualdad salarial. Un aspecto clave es que su valor real se ve afectado por la inflación y los tipos de cambio, por lo que los aumentos periódicos buscan restaurar el poder adquisitivo perdido ante devaluaciones o periodos inflacionarios. En años recientes, naciones como Alemania, Corea del Sur, Chile y Nueva Zelanda han implementado subidas significativas vinculadas al concepto de "salario vital", mientras que en Estados Unidos los aumentos se han producido a nivel estatal y municipal ante la falta de consenso federal. Existe una gran diversidad internacional en su aplicación: algunos países lo fijan de forma unificada (como Francia o Reino Unido), mientras que otros varían por región o sector (como Estados Unidos o Italia), y su ajuste puede estar ligado a la inflación, al salario promedio o a decisiones administrativas. Finalmente, suele cubrir a trabajadores con bajas calificaciones, como jóvenes, mujeres y personal de sectores como comercio y hostelería, siendo su relevancia medida por el porcentaje de trabajadores que efectivamente lo perciben.