El fraude electoral consiste en la intervención ilícita de un proceso electoral para alterar los resultados, ya sea aumentando los votos del candidato favorecido o disminuyendo los de sus oponentes. Aunque el término cubre actos ilegales, también describe prácticas legalmente toleradas pero moralmente inaceptables—como las elecciones de un solo candidato—cuyo éxito puede equivaler a un golpe de Estado o destruir la confianza pública en la democracia. Las técnicas más directas incluyen la suplantación de electores fallecidos, la quema de urnas, la compra de votos y el "embarazo de urnas", que consiste en introducir boletas previamente marcadas para inflar la votación. Métodos más sofisticados abarcan la manipulación de sistemas de cómputo, el control de los medios de comunicación para engañar a la opinión pública, y el "voto cadena", un sistema que intercambia sobres válidos para garantizar el sufragio comprado. Finalmente, la complicidad de funcionarios y la intervención del Gobierno mediante propaganda maliciosa o el uso de la fuerza pública sirven para ocultar las evidencias y favorecer fraudulentamente a un partido o candidato.