El Decreto del Incendio del Reichstag, promulgado el 28 de febrero de 1933, fue una norma emitida por el presidente Paul von Hindenburg bajo la fuerte presión del canciller Adolf Hitler, en respuesta al incendio del parlamento alemán ocurrido la noche anterior. Hitler, que había asumido el poder en enero, utilizó este suceso como pretexto para acusar a los comunistas de una insurrección, lo que llevó al senil Hindenburg a invocar el artículo 48 de la Constitución de Weimar para aprobar la medida. El decreto suspendía derechos fundamentales como la libertad de expresión, prensa, asociación y reunión, además de permitir registros y confiscaciones arbitrarias. Redactado por líderes nazis como Hermann Göring, también otorgó al gobierno central poderes sobre los estados federales y estableció severas penas. Este instrumento legal se convirtió en la base para arrestar a opositores y censurar medios, consolidando así la dictadura nazi y la represión sistemática de cualquier disidencia.