La imputación en el derecho procesal penal es el señalamiento provisional que indica que una persona es sospechosa de haber cometido un delito, sin que se requieran pruebas, y se realiza durante la etapa de investigación (sumario) por parte de particulares, la policía, los fiscales o los jueces. En España, este término fue sustituido por «investigado» en el lenguaje jurídico para ser más respetuoso con la presunción de inocencia, ya que no implica necesariamente culpabilidad. Durante esta fase, las autoridades deben extremar las garantías del debido proceso, como el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho a la defensa, y se releva al imputado de la obligación de decir la verdad (no puede declarar como testigo). La imputación es el primer escalón de una escalera acusatoria que va desde ser imputado (sin pruebas), pasando por procesado (con semiplena prueba) y acusado en juicio, hasta llegar a condenado firme, pero no anula la presunción de inocencia, que solo se resuelve tras el juicio y las revisiones. El imputado es una parte necesaria y esencial del proceso, actuando como sujeto (y no objeto) de la investigación, a diferencia del sistema inquisitivo, y posee el poder de resistirse tanto a la acción penal como a la civil. Finalmente, la regulación varía según el país; por ejemplo, en Chile se detalla en el artículo 93 del Código Procesal Penal, donde se enumeran los derechos del imputado hasta la terminación del proceso.