El incendio intencionado es un delito grave que se define como la destrucción o daño ilícito de propiedad mediante fuego. Una característica sorprendente es que, en la mayoría de los países (excepto Gran Bretaña), el incendiario puede ser condenado por homicidio si alguien muere, aunque no tuviera la intención de matar, y en Alemania o Estados Unidos se agravan las penas si busca ocultar otro crimen. Aunque los incendios accidentales no son penados, la imprudencia grave (como fumar cerca de materiales inflamables) puede constituir el llamado incendio culposo, lo que demuestra que la negligencia también tiene consecuencias legales. En España, el incendio forestal se regula en el artículo 352 del Código Penal, con penas de prisión de uno a cinco años y multas, que pueden elevarse a diez o veinte años si existe peligro para la vida de las personas. La intensidad de la pena depende de factores como la intencionalidad, el grado de imprudencia y la extensión del siniestro, que actúan como agravantes o atenuantes. En definitiva, la ley busca distinguir entre delitos dolosos y culposos, priorizando la protección de la vida y la propiedad en cada jurisdicción.