En 2023, España registró 26 902 443 viviendas, de las cuales 19 millones eran principales y 7,7 millones secundarias; según Eurostat, en 2021 el 75,8 % eran en propiedad y el 24,2 % en alquiler. El mercado vivió una burbuja inmobiliaria entre 1997 y 2007 que estalló en 2008, desatando una crisis (2008-2013) por la falta de liquidez financiera (influida por las hipotecas subprime en EE. UU.) y el agotamiento del modelo de construcción, aunque desde 2018 los precios repuntaron, dificultando el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes. En el marco legal, las comunidades autónomas tienen la competencia principal en vivienda y urbanismo, los ayuntamientos gestionan la planificación local y las licencias, y el Gobierno central regula los contratos de alquiler, los impuestos (IVA, IRPF) y las hipotecas, aunque el Tribunal Constitucional ha anulado leyes estatales que invadían competencias autonómicas. La Constitución de 1978 reconoce el derecho a la vivienda como principio rector, y un ejemplo de su desarrollo es la Ley vasca de vivienda (3/2015), impulsada por la oposición durante el gobierno de Iñigo Urkullu (PNV) con el apoyo del PSE-EE (PSOE). Este complejo entramado normativo y la volatilidad del mercado reflejan un desafío constante para garantizar el acceso a una vivienda digna en el país.