La vivienda digna (también llamada adecuada o asequible) es un derecho humano fundamental definido por la ONU como aquella donde las personas pueden vivir con seguridad, paz y dignidad, y está consagrada en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966). El acceso a ella puede lograrse mediante compra (con ahorros o crédito hipotecario), alquiler o vivienda social pública, y la ONU establece que es asequible solo si el pago mensual (hipoteca o renta) no supera el 30% de los ingresos totales del hogar. Este derecho abarca libertades esenciales como la protección contra desalojos forzosos y la libre elección de residencia, así como derechos a la seguridad de la tenencia, la restitución de la vivienda y la participación en decisiones comunitarias. Para la ONU, una vivienda digna debe cumplir cinco condiciones clave: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios básicos (agua potable, saneamiento y energía), asequibilidad, habitabilidad (garantizando seguridad física y protección contra el frío, la humedad o el calor) y accesibilidad para todos los ocupantes. Su cumplimiento es determinante para la igualdad social y su impacto positivo está respaldado por la investigación científica internacional, siendo especialmente crucial para quienes se encuentran en situación de desempleo, precariedad laboral o exclusión social.