El caso Begoña Gómez se inició el 16 de abril de 2024, cuando el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias tras una denuncia de Manos Limpias contra la esposa del presidente Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada. Aunque la Fiscalía solicitó el archivo por falta de bases, la Audiencia Provincial de Madrid respaldó continuar la investigación, centrándose en las presuntas ayudas a la UTE vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés. El informe preliminar de la UCO reveló que las empresas de Barrabés (Innova Next y The Valley) multiplicaron por 141 sus adjudicaciones públicas, recibiendo 15,6 millones de euros entre 2021 y 2022 de organismos como el CSD, Renfe o ICEX, aunque no halló pruebas de que Begoña Gómez lo favoreciera. No obstante, un segundo informe del 2 de julio de 2024 concluyó que no existían "indicios delictivos" ni "irregularidades administrativas" en las operaciones investigadas. El caso, que ha tenido un fuerte componente político con la personación de partidos como Vox y organizaciones como Hazte Oír, sigue abierto a pesar de la falta de evidencias encontradas hasta el momento.