Un decreto ley es una norma con rango de ley que emana del poder ejecutivo sin una autorización previa del parlamento, dictada generalmente por razones de urgencia. Esta norma requiere una convalidación posterior por parte del poder legislativo en un plazo breve (que varía entre 10 y 45 días según la legislación), y está regulada, por ejemplo, en el artículo 86 de la Constitución española y el artículo 99 de la Constitución argentina. En monarquías parlamentarias como España, recibe el nombre de Real Decreto Ley y no puede afectar a las instituciones básicas del Estado, los derechos o las libertades de los ciudadanos. Además, el término también designa las normas dictadas por gobiernos de facto o dictaduras, como las de Argentina (en periodos como 1930-1932 o 1976-1983) y Chile (1973-1981). Tras las dictaduras, los congresos democráticos otorgaron plena validez a estas normas para mantener la continuidad jurídica, como ocurrió con el Decreto/Ley 21680/1956 que creó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Argentina. En Chile, la Corte Suprema ha reconocido su validez ante la necesidad del funcionamiento del Estado, aunque su origen sea irregular.