Los sistemas de pensiones garantizan un ingreso periódico a las personas cuando se jubilan y dejan su actividad laboral, un derecho fundamental recogido en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En los sistemas públicos, estos pagos se financian principalmente con las cotizaciones de los trabajadores en activo, y se dividen en pensiones contributivas (basadas en las aportaciones previas del trabajador y su empleador) y pensiones no contributivas (financiadas con impuestos generales del Estado, como las asistenciales o universales). Además de la jubilación, existen pensiones de viudedad, orfandad e incapacidad, y los sistemas suelen ser "multicapas", desde prestaciones sociales básicas hasta ahorro voluntario complementario. La cuantía varía según el país, la edad de jubilación, los años cotizados y las cantidades aportadas, e incluso puede diferir notablemente entre años (por ejemplo, jubilarse en 2021 frente a 2024). En definitiva, los sistemas públicos se rigen por criterios de reparto, equidad intergeneracional e intrageneracional y universalidad, buscando proteger a la población frente a la vejez y otras situaciones de dependencia.