El precio de la vivienda abarca tanto la compraventa como el alquiler, y su elevado coste puede vulnerar el derecho humano a una vivienda digna, obligando a las autoridades a implementar políticas de vivienda social y pública. Este precio depende de múltiples variables como la ubicación, el tamaño, la demografía, el desempleo, el precio del suelo o las burbujas inmobiliarias, y suele requerir créditos hipotecarios de larga duración que incrementan el coste final. Un factor reciente destacado es que la pandemia de COVID-19 hundió tanto los precios de venta como de alquiler en las grandes ciudades del mundo. Además del precio acordado, hay que sumar gastos adicionales que pueden representar hasta un 10% más, repartidos entre vendedor, comprador y banco. Por ejemplo, el vendedor suele pagar la plusvalía municipal y el IBI hasta la venta, mientras que el comprador asume notaría, registro e impuestos como el ITP o el IVA; si hay hipoteca, el banco cubre la tasación y la formalización del préstamo. En definitiva, el coste total de la vivienda condiciona la economía familiar y exige una regulación clara para garantizar el acceso a un hogar digno.