Álvaro García Ortiz (nacido en Lumbrales, Salamanca, el 16 de diciembre de 1967) es un jurista español que ejerció como fiscal general del Estado entre 2022 y 2025. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, ingresó en la carrera fiscal en 1998 y se especializó en medio ambiente, destacando por asumir la acusación pública en el Caso Prestige en 2005. Tras ascender a fiscal de Sala en 2020 bajo el mandato de Dolores Delgado, fue nombrado fiscal general el 1 de agosto de 2022, aunque su designación estuvo marcada por la controversia al no contar con el respaldo unánime del Consejo General del Poder Judicial. Su mandato se vio envuelto en polémicas, como la anulación de ascensos y nombramientos de su predecesora, y culminó en octubre de 2024 cuando el Tribunal Supremo abrió un procedimiento contra él por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, siendo el primer fiscal general en activo investigado formalmente. Tras el registro de su despacho por la Guardia Civil y la detección de mensajes borrados, García Ortiz fue finalmente condenado por revelación de secretos, un hecho sin precedentes que marcó el final de su carrera al frente del Ministerio Público.